Al cumplirse cinco meses del cese unilateral al fuego por las FARC, la Defensoría del Pueblo pidió que se aclaren algunos hechos puntuales que, en el último mes, involucraron a niños y adolescentes en medio del conflicto. 

El primero de estos hechos ocurrió el 23 de noviembre en el corregimiento Pacoa, en Vaupés. Cuatro hombres con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes se identificaron como integrantes de la compañía Urías Cuellar del Frente Primero de las Farc, irrumpieron en la comunidad indígena de Buenos Aires, llevándose consigo a dos adolescentes, una de las cuales fue devuelta días después a la comunidad, al presentar fuertes dolores en su pierna derecha como consecuencia de la mordedura de una serpiente. Respecto de la otra menor de edad, aún se desconoce su paradero, pero se presume que fue vinculada a las filas de la organización ilegal. 

El 25 de noviembre, en la vereda las Damas, en San Vicente del Caugán, miembros del frente 62 combatientes del Yarí de las FARC retuvieron "arbitraria y temporalmente a una adolescente que se encontraba en el mismo lugar donde fue interceptado al soldado Jesús Ángel Rojas Delgado. La menor fue liberada ese mismo día".

Un tercer hecho ocurrió en la vereda Tigrera, en Puerto Asís (Putumayo), el 28 de noviembre, cuando presuntos integrantes de las Farc instalaron un artefacto explosivo improvisado que ocasionó heridas de consideración en el oído y un ojo, a un joven de 17 años, quien caminaba por el lugar en compañía de sus dos hermanas de 12 y 13 años y un primo de 18, cuando al pisar activó la mina antipersonal allí ubicada. Tropas del Batallón de Selva 49 evacuaron al adolescente hasta la base militar más cercana, donde le prestaron los primeros auxilios, para luego ser remitido al Hospital de Puerto Asís. 

"Es preciso señalar que si bien no hace parte del lapso de monitoreo, existe otra situación que fue informada a la Defensoría, y que corresponde a hechos ocurridos el 5 de Noviembre de 2015 en la Serranía del Perijá, en el área fronteriza entre el departamento de La Guajira y la República Bolivariana de Venezuela, donde se habría producido el reclutamiento de un indígena Kankuamo de tan sólo 15 años de edad, por una estructura perteneciente al frente 19 José Prudencio Padilla de las Farc, a quien los familiares del joven solicitan la desvinculación del grupo guerrillero", señala la Defensoría en un comunicado.

La Defensoría del Pueblo también llamó la atención por dos enfrentamientos registrados con participación de las FARC, uno de los cuales obligó al desplazamiento temporal de algunas familias, en el Urabá Chocoano. 

"Aunque la Defensoría del Pueblo confirma nuevamente el cumplimiento del cese al fuego unilateral y las bondades que éste ha traído para aliviar la violencia en las regiones de Colombia (no hay reporte de ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública ni la infraestructura nacional), el Organismo rector de los derechos humanos, además de solicitar explicaciones frente a los hechos que involucraron a menores de edad, tuvo conocimiento que durante el último mes la guerrilla de las Farc ha realizado actividades de control social en zonas de Meta y Guaviare, a través de charlas obligatorias sobre el grupo ilegal y su visión respecto al proceso de paz, extorsiones al comercio y restricciones a la movilidad de la población en algunos sectores específicos", dice la Defensoría.